LOS CONDENADOS DE LA TIERRA

Diversas actividades económicas vienen impactando en los territorios indígenas poniendo en jaque su dinámica productiva e incluso forzando su expulsión. Los autores formulan propuestas para intentar ponerle freno a ese proceso.
A partir del menemismo la soja ha avanzado sobre el derecho a la tierra de los pueblos campesinos e indígenas de la región. Las topadoras dirigidas por los pools de siembra actúan del mismo modo que un ejército de ocupación contra la naturaleza del Gran Chaco Americano materializando masivos delitos de estrago rural, que no pueden concretarse en condena porque los jueces federales o provinciales se niegan a dirigir la imputación hacia los responsables del irreparable daño ambiental.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) explicó ante la CIDH, patrocinados por la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, cómo se desarrolla la modalidad de la estrategia del desalojo: “Los particulares que se consideran ‘dueños’ (titulares de dominio) presentan denuncia penal en las comisarías de la zona o en los juzgados de instrucción de las ciudades acusando a los campesinos por los delitos de usurpación, hurto de productos forestales, daños, entre otros. Obligados a concurrir a las comisarías o juzgados, los pobladores que deben declarar como testigos o imputados suelen ser inducidos a pronunciarse en contra de sus derechos posesorios. Estas ‘declaraciones’ son utilizadas posteriormente en la jurisdicción civil donde las empresas presentan acciones de reivindicación precedidas de diligencias preliminares, desalojos, conclusión del comodato verbal, entre otras, contando siempre con la función complaciente y activa de la estructura del Poder Judicial y de la Policía.”
Los pueblos originarios y campesinos vienen reclamando a través de sus representantes legales que se declare causa federal las relaciones jurídicas indígenas y la tipificación de delitos de lesa humanidad a los hechos descriptos anteriormente porque configuran desalojos forzosos. Un caso emblemático es la familia Quiñones, antiguos poseedores en el Lote 41, Los Juríes, en el sudeste santiagueño. Fueron desalojados mediante una tremenda estafa de jueces, abogados, escribanos y empresarios norteamericanos confabulados con miembros de la Federación Agraria. La estafa ya fue comprobada porque apareció protocolizada la escritura original, que no fue la misma que se presentó en el juicio y ahora parte de los acusados tienen auto de procesamiento, pero el tiempo pasa y los Quiñones siguen desterrados de su propia tierra.
La impunidad de la corporación sojera tiene su explicación en la existencia de un poder judicial que rinde culto a las escrituras públicas anotadas en los registros catastrales e inmobiliarios de las provincias, sin tener en cuenta la preexistencia fáctica y jurídica de los pueblos originarios y campesinos. Si a ello se agrega una mirada racista, al estilo de la ex jueza Parrilli, donde se percibe el acervo de formaciones psíquicas heredadas de los arcontes del terrorismo de Estado, el panorama de nuestros compañeros campesinos y hermanos indígenas es gravemente desalentador en los estrados judiciales.
El actual juez de nuestro máximo tribunal de Justicia, Eugenio Zaffaroni, en tiempos de su gestión en el Inadi, dijo que una de las características estructurales del discurso racista es una suerte de falso humanitarismo, y que las hipócritas invocaciones a la tutela o piedad de los inferiores dejan el camino expedito para los “visionarios políticos” y sus sicarios. Si la Justicia no se llena de tierra, la humanidad será un desierto...fuente pagina12