LA ONU INSPECCIONARA DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA INDIGENAS

.El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que representa a unas 15 mil familias que viven en pueblos rurales, presentó a través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) un detallado informe ante las Naciones Unidas acerca de la difícil situación de los derechos humanos en seis provincias argentinas.
El relevamiento podría traer dos consecuencias: la llegada de una inspección de la ONU y, luego, una posible recomendación del organismo al gobierno argentino. Un potencial que depende, como suele ocurrir en estos casos, de un sinfín de variables políticas. Más allá de si concreta sus objetivos últimos, el trabajo tiene un peso específico.
La situación grave que atraviesan los pueblos originarios. Y el extraordinario cambio en la estructura de producción –la concentración en grandes empresas– que implica el modelo agroexportador.
Este es un hecho que paso es presentado ante la ONU.
• Quimilí
En el lote cinco, en el paraje El Colorado, en las afueras de la polvorienta Quimilí, se vive una de las batallas con más violencia de las que sufren los campesinos en Santiago del Estero. El caso de Santos Ramón González es parte medular del informe que el MNCI presentó ante las Naciones Unidas. Y registra la complicidad de políticos, jueces y policías con empresarios para quitarle a la familia las tierras que ocupan hace más de sesenta años. Las visitas privadas o policiales, por las noches, con amenazas y tiros, empezaron en 2003. Entre septiembre de 2008 y octubre de 2009 hubo cuatro. La más feroz fue la que formó parte del septiembre negro: una embestida que incluyó razias en varios municipios de la provincia, dejó 27 detenidos, y se libraron 150 órdenes de captura contra campesinos de la zona. El 8 de septiembre de 2008, a las siete de la mañana, con frío bajo cero, la familia González estaba lista para comenzar con las tareas de todos los días. Santos Ramón iba a juntar maíz. Pero dos policías armados con escopetas golpearon y derribaron la puerta de su casa. Gritaban.

–A vos te buscamos, hijo de puta.
A Santos Ramón le dieron un tiro en la pierna izquierda. Otros tres tiros pegaron en la pared gracias a la intervención de Luis, uno de sus hermanos. A don Román González, el padre de ambos, entretanto, dos mujeres de uniforme lo cachetearon para que no mirara. A Víctor, el marido de una de las González, lo tiraron al suelo y lo sacudieron a patadas. Todos fueron detenidos.
Entre los hombres armados y los vehículos de la policía los González vieron otra camioneta: una Nissan Frontier roja. Conocen a su conductor: Miguel Jiménez, un puntero político clave en los tiempos de los Juárez que conserva su poder intacto en los tiempos del gobernador Gerardo Zamora, un radical de excelente sintonía con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La policía que acompañó a Jiménez, o viceversa, dijo que se llevaba a Santos Ramón González por haber disparado contra una avioneta que fumigaba. Es una causa vieja que los campesinos habían dado por cerrada tras probar que ese día, a esa hora, Santos Ramón no estaba en el lugar desde donde se hicieron los tiros. Los hermanos González comprobaron rápidamente que el motivo de la detención no era lo central. Los agentes les ofrecieron la libertad a cambio de que le reconocieran la posesión del lote 5 a la persona que los denunció: un testaferro de un empresario de Monte Maíz, provincia de Córdoba. Los González se negaron, y Santos Ramón y Luis fueron a parar 45 días al penal de Santiago del Estero. Les dieron la misma celda que a un asesino. Nunca recuperó ni su camioneta, ni 5.400 pesos que tenía ahorrados ni sus herramientas de trabajo. La policía se llevó todo. Santos Ramón, además, tiene cuatro puntos de sutura donde le dispararon. Y rabia.
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